La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y con la aprobación del Consejo Nacional, anuncia su decisión de limitar el servicio de Asistencia legal gratuita que brinda la institución, debido a la insuficiente asignación presupuestaria y la gran carga de trabajo de los defensores públicos.
La Directora Nacional de Defensa Pública, doctora Laura Hernández Román, anuncia que los casos donde se limitan los servicios son, "a ninguna persona con comprobada solvencia económica, en materia disciplinaria (jueces, fiscales, policía y militares), conciliación en fiscalía, en casos de extradición, en casos de instancia privada, en los juzgados de paz y de tránsito"; la decisión es una realidad, luego de haber sido anunciado en rueda de prensa realizada a finales del año pasado.
"Hemos decidido concentrar los trabajos en los procesos en los cuales los imputados corren el riesgo de perder su libertad, en delitos económicos y sociales", puntualizó Hernández al momento de asegurar que, aunque la institución este obligada por mandato constitucional a prestar un servicio de defensa pública gratuita, de fácil acceso, eficiente y con calidad.
Manifestó que el Estado tiene el deber de suministrar los medios económicos y suficientes para que la institución pueda ofrecer un servicio efectivo del derecho a la defensa en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional, lo cual es imposible de materializar con la actual asignación presupuestaria. Por lo que la institución se ha visto en la necesidad de ponderar la prevalencia o no, del principio de igualdad en la prestación del servicio de defensa pública. En contraposición a que dicho servicio continúe con altos estándares de calidad y eficiencia.
Dijo que en los últimos años han renunciado un importante número de defensores, debido a la carga de trabajo, sin poder incrementar el capital humano. Teniendo en cuenta que la institución asiste el 75% de los casos que ingresan al sistema de administración de justicia penal. Además que aún no se ha podido ofrecer el servicio de defensa en todo el territorio nacional, por no contar con los recursos para instalar oficinas en cada localidad.
Señaló que la presente medida es provisional, hasta tanto se cuenten con los recursos y el personal suficiente para prestar el servicio de calidad que ha caracterizado a la institución.
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