El presidente de Alianza País,Guillermo Moreno, criticó este miércoles la eliminación del párrafo III del artículo 85 del Código Procesal Penal en su modificación, que prohíbe que cualquier persona pueda constituirse como querellante contra un funcionario público en caso de corrupción.
En declaraciones ofrecidas en Twitter, el líder político consideró que con la referida modificación, los congresistas “legalizaron la corrupción del barrilito y el cofrecito”.
“Al suprimir la disposición del artículo 85, el PLD exhibe su poder, pero al mismo tiempo muestra su debilidad. Corruptos del PLD tienen poderes públicos y altas cortes, pero no tienen el favor de la ciudadanía, por eso tienen que callarla a como dé lugar. La cúpula corrupta del PLD cree que con sacarse los ojos evitarán que el sol siga brillando”, manifestó Moreno en varios tuits.
Manifestó que el artículo 85 le daba voz a la ciudadanía, la convertía en una parte del proceso penal y le facultaba a actuar en defensa del patrimonio público. Además que ponía contra la pared al Ministerio Público, “que sólo podía librarse de la querella poniendo en evidencia sus miserias”.
“El CPP pasó a ser flanco débil por el que se podía atacar la asegurada fortaleza de impunidad que ha construido la cúpula del PLD”, expresó.
Entiende que en el nuevo código, el referido artículo asume a ciudadanos como víctimas de los actos de corrupción cometidos por los funcionarios.
Recordó que en los años 1996 y1997 se presentaron situaciones “incómodas” para los funcionarios del Instituto Agrario Dominicano-IAD-, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI), del Banco Universal, de la Lotería Nacional y con el caso de Bahía de las Águilas, entre otros. Por lo que a su entender, las acciones de la Fiscalía del Distrito Nacional contra los “corruptos comenzó a chocar con acuerdos del pacto patriótico", firmado para las elecciones de 1996.
“La situación obligaba a ensillar el caballo a pleno galope. Surge entonces la idea de crear el Departamento de Prevención de la Corrupción para darle al Presidente todo el control de la persecución de la corrupción”, criticó el presidente de Alianza País, quien consideró que el objetivo de este departamento era controlar la corrupción según su interés.
“En el 2002 se produjo la reforma procesal penal. Se produjo entonces la querella contra el expresidente Leonel Fernández”, dijo en otro de sus tuits.
Consideró que en ese entonces se hizo evidente el potencial del artículo 85 del CPP, el cual era “un arma eficaz” que escapaba al control del poder político y del Ministerio público.
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