Al conmemorarse este sábado 5 de abril el Día del Periodista, la Fundación Prensa y Derecho urgió al presidente Danilo Medina y al Congreso a retomar la reforma del marco regulador de los medios de comunicación en República Dominicana, a fin de garantizar la compatibilización de las leyes sobre libertad de expresión con los preceptos de la Constitución.
Namphi Rodríguez, presidente de Prensa y Derecho, rindió un informe en el cual pone de manifiesto que en el país se está produciendo una omisión legislativa, provocada por la inercia del Congreso para desarrollar garantías como la cláusula de conciencia y el secreto profesional de los informadores consignadas en el artículo 49 de la Carta Magna.
“Esas figuras constitucionales deben ser desarrolladas por leyes orgánicas en los términos del artículo 112 de la Constitución y su no aprobación hace que el Congreso incurra en la infracción constitucional de la omisión legislativa, que está contemplada por la Constitución y por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, dijo.
Rodríguez recordó que desde el 2007, una comisión de juristas y periodistas nombrada por el Poder Ejecutivo mediante decreto 4-07 trabajó en la redacción de cinco proyectos que buscan actualizar el marco jurídico de la libertad de expresión en el país.
Refirió que la comisión estuvo integrada por Rafael Molina Morillo, Jottin Cury hijo, Miguel Angel Prestol, Adriano Miguel Tejada, Rafael Núñez Grassal y el propio Namphi Rodríguez, quienes rindieron un informe con cinco ante-proyectos de leyes que modificarían la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, la Ley 200-04, de Acceso a la Información Pública y crearía una ley de regulación de contenidos en medios electrónicos, una ley de publicad comercial y una ley publicidad oficial.
Dijo que la comisión especial entregó los proyectos dos años y medio después del 2007 y los mismos están orientados a propiciar un clima de fortalecimiento de la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
“De ahí que el presidente Medina y la sociedad civil podrían propiciar un gran debate nacional a fin de reorientar técnicamente las propuestas, convirtiéndola en sólo dos anteproyectos de leyes: una ley marco sobre libertad de expresión y medios de comunicación (para modificar la Ley 6132) y una ley que abarcaría toda la temática de los medios electrónicos de comunicación, es decir, radio, televisión, Internet, servicios conexos y publicidad, que le llamaríamos Código de la Comunicación Audiovisual”, sugirió el experto en Derecho de la Comunicación.
Puntualizó que, a fin de disipar las aprensiones que han surgido en algunos sectores de opinión pública sobre un Ente regulador de contenidos en los medios electrónicos, este Código de la Comunicación Audiovisual establecería un Consejo de lo Audiovisual o Un Consejo Nacional de Medios de Comunicación Audiovisuales que estaría integrado por representantes oficiales y de los distintos sectores que intervienen en la actividad mediática y que garantizaría la pluralidad, equidad y transparencia en las decisiones que se adopten sobre el tema regulador.
“Así se aprovecharían las conquistas de los referidos proyectos y se reorientaría la propuesta, haciéndola más viable desde el punto de vista técnico-congresual, con lo que se atendería el reclamo de parte de la sociedad que demanda un mayor debate al momento de regular la libertad de expresión”, adujo.
Rodríguez enfatizó que la opinión pública tiene que entender que esta reforma no obedece a pruritos personales, sino a la necesidad imperiosa de actualizar nuestra legislación y desarrollar legislativamente los derechos consignados en la Constitución de la República.
“Sólo así podrán cobrar vida instituciones jurídicas como la cláusula de conciencia de los periodistas, que le permitirá a los informadores dimitir con sus prestaciones laborales de los medios cuando su credibilidad resulte afectada por actitudes de sus empleadores o el secreto profesional, una garantía esencial para preservar fuentes de investigación y la independencia de los comunicadores”, subrayó.
Añadió que sobre la creación de un órgano regulador de la radio y la televisión, el país tiene que decidir si protege o no los derechos de niñez y la infancia en las programaciones audiovisuales o si la posibilidad de replicar las informaciones de los medios electrónicos es importante para garantizar la pluralidad de las ideas en el debate.
Del mismo modo que garantizar la pluralidad de las ideas en el debate.
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