La tendencia discriminatoria de cerrar las puertas” del mercado laboral se acentúa cada día más en la República Dominicana, a pesar de que las leyes laborales y sobre todo la 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social precisa que la pensión por edad requiere mínimo 60 años.
Y es que ya no solo en el sector privado se discrimina y se violan las leyes laborales al negarles empleos a las personas de mediana edad en adelante, sino que hasta en el Estado mismo vía las instituciones centralizadas, autónomas y descentralizadas, se ha adoptado la decisión de no incluir en sus nóminas de empleados a personas que pasen de los 50 años.
Esta es una realidad que se viene aplicando a la libre sin que el Estado, a través de las instituciones pertinentes como el Ministerio de Trabajo o la Procuraduría General de la República, intervenga y al menos trate de evitar la aplicación de medidas a todas luces discriminatorias y contrarias a las leyes.
Llama la atención que en espacios pagados solicitando determinados empleados instituciones y organismos gubernamentales especifiquen que las personas solicitantes deben tener una edad límite de hasta 45 años.
Consultas realizadas en ministerios, direcciones generales y organismos autónomos y descentralizados del Gobierno dieron como resultado que sus departamentos de recursos humanos tienen instrucciones (aparentemente no escritas) de no hacer nombramientos a personas de más de 50 años, aunque ello no significa que se queden fuera si la institución tiene interés de sus servicios.
Contratos por nombramientos
Para ello, según explicaron a elCaribe personal de recursos humanos bajo la condición del anonimato, las instituciones gubernamentales adquieren los servicios que requieren de personas de más de 50 años mediante la firma de contratos temporales y en menor medida, abiertos.
Dichos contratos, en la generalidad de los casos, se limitan a la sola prerrogativa de otorgar un determinado monto mensual como salario, y dejan a la parte contratante la opción de suspenderlos con el solo hecho de informar por escrito a la parte contratada la decisión de no continuar requiriendo sus servicios.
De los cuatro principales ministerios del Gobierno: Salud Pública, Educación, Agricultura y Obras Públicas, solo el departamento de recursos humanos de este último negó de forma tajante que allí se discrimine por edad.
“No tenemos limitación, no discriminamos por edad”, dijo Mary Concepción, “si está en condiciones físicas y mentales para hacer el trabajo que se requiera se le emplea, y es así porque aquí hay una gran cantidad de empleados de más de 70 y 80 años, e incluso, somos miembros del Conape (Consejo Nacional de la Persona Envejeciente)”.
La medida pudiera entenderse en el caso del Ministerio de Salud Pública, que se ha convertido, prácticamente, en un ministerio geriátrico, ya que el 67.42% de sus empleados sobrepasa los 60 años y está en edad de pensionarse.
En abril último el ministerio tenía una nómina de 67,803 empleados, de los que 43,263 son mayores de 65 años y 2,453 se encuentran entre los 60 y 64.
Asimismo, 7,215 se encuentran en el rango de entre 50 y 59 años, y 6,444 ya tienen edades entre los 40 y 49. Los restantes 8,428 tienen edades entre 18 y 39 años, de los que 5,587 se encuentran en los 30 y 39, y 2,841 cumplieron 18 y 29 años.
No así en el Ministerio de Educación, donde de 148,126 empleados divididos en las categorías docente y administrativa, solo el 16.95% de estos tiene 61 años y más de 70.
Universidades y sector privado
Si se revisan las ofertas de empleos que se publican en los diarios, es fácil observar que en casi un 100% en cuanto a la edad el requisito es de entre 20 y 35 años, sin importar la posición vacante.
Julia Fernández, sicóloga industrial y consultora, justifica el límite de los 35 años en la edad para la contratación de personal, señalando la alta productividad y las ganas de crecer de este personal, contraria a las de 40 en adelante, que ya han adquirido mañas o hábitos laborales no convenientes para las empresas.
Reconoce, incluso, que la práctica es violatoria a la ley, pero a la vez afirma que la empresa tiene el derecho de contratar al personal que más le convenga para elevar sus niveles de productividad: “No vas a contratar a un hombre de 60 años para que maneje un camión de transporte de mercancías al interior”.
Pero el caso más extraño en la tendencia de excluir a las personas de mediana edad en lo adelante lo representan las universidades, ya que, como en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) el límite de edad para participar en los concursos por oposición es de 45 años. Esto, porque las casas de altos estudios (se supone) requieren de catedráticos con altos niveles de madurez y largos años experiencias en el ejercicio profesional, además de la preparación académica, para poder enseñar y formar a otros profesionales.
“Fui a esa universidad (una privada) a investigar los requisitos para ingresar como profesor, pues tengo 35 años de ejercicio y dos maestrías, pero casi me caigo para atrás al ver que en la ficha para aplicar dice que no la llene si tengo más de 48 años”, dice Felipe Rodríguez, abogado.
Y es que ya no solo en el sector privado se discrimina y se violan las leyes laborales al negarles empleos a las personas de mediana edad en adelante, sino que hasta en el Estado mismo vía las instituciones centralizadas, autónomas y descentralizadas, se ha adoptado la decisión de no incluir en sus nóminas de empleados a personas que pasen de los 50 años.
Esta es una realidad que se viene aplicando a la libre sin que el Estado, a través de las instituciones pertinentes como el Ministerio de Trabajo o la Procuraduría General de la República, intervenga y al menos trate de evitar la aplicación de medidas a todas luces discriminatorias y contrarias a las leyes.
Llama la atención que en espacios pagados solicitando determinados empleados instituciones y organismos gubernamentales especifiquen que las personas solicitantes deben tener una edad límite de hasta 45 años.
Consultas realizadas en ministerios, direcciones generales y organismos autónomos y descentralizados del Gobierno dieron como resultado que sus departamentos de recursos humanos tienen instrucciones (aparentemente no escritas) de no hacer nombramientos a personas de más de 50 años, aunque ello no significa que se queden fuera si la institución tiene interés de sus servicios.
Contratos por nombramientos
Para ello, según explicaron a elCaribe personal de recursos humanos bajo la condición del anonimato, las instituciones gubernamentales adquieren los servicios que requieren de personas de más de 50 años mediante la firma de contratos temporales y en menor medida, abiertos.
Dichos contratos, en la generalidad de los casos, se limitan a la sola prerrogativa de otorgar un determinado monto mensual como salario, y dejan a la parte contratante la opción de suspenderlos con el solo hecho de informar por escrito a la parte contratada la decisión de no continuar requiriendo sus servicios.
De los cuatro principales ministerios del Gobierno: Salud Pública, Educación, Agricultura y Obras Públicas, solo el departamento de recursos humanos de este último negó de forma tajante que allí se discrimine por edad.
“No tenemos limitación, no discriminamos por edad”, dijo Mary Concepción, “si está en condiciones físicas y mentales para hacer el trabajo que se requiera se le emplea, y es así porque aquí hay una gran cantidad de empleados de más de 70 y 80 años, e incluso, somos miembros del Conape (Consejo Nacional de la Persona Envejeciente)”.
La medida pudiera entenderse en el caso del Ministerio de Salud Pública, que se ha convertido, prácticamente, en un ministerio geriátrico, ya que el 67.42% de sus empleados sobrepasa los 60 años y está en edad de pensionarse.
En abril último el ministerio tenía una nómina de 67,803 empleados, de los que 43,263 son mayores de 65 años y 2,453 se encuentran entre los 60 y 64.
Asimismo, 7,215 se encuentran en el rango de entre 50 y 59 años, y 6,444 ya tienen edades entre los 40 y 49. Los restantes 8,428 tienen edades entre 18 y 39 años, de los que 5,587 se encuentran en los 30 y 39, y 2,841 cumplieron 18 y 29 años.
No así en el Ministerio de Educación, donde de 148,126 empleados divididos en las categorías docente y administrativa, solo el 16.95% de estos tiene 61 años y más de 70.
Universidades y sector privado
Si se revisan las ofertas de empleos que se publican en los diarios, es fácil observar que en casi un 100% en cuanto a la edad el requisito es de entre 20 y 35 años, sin importar la posición vacante.
Julia Fernández, sicóloga industrial y consultora, justifica el límite de los 35 años en la edad para la contratación de personal, señalando la alta productividad y las ganas de crecer de este personal, contraria a las de 40 en adelante, que ya han adquirido mañas o hábitos laborales no convenientes para las empresas.
Reconoce, incluso, que la práctica es violatoria a la ley, pero a la vez afirma que la empresa tiene el derecho de contratar al personal que más le convenga para elevar sus niveles de productividad: “No vas a contratar a un hombre de 60 años para que maneje un camión de transporte de mercancías al interior”.
Pero el caso más extraño en la tendencia de excluir a las personas de mediana edad en lo adelante lo representan las universidades, ya que, como en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) el límite de edad para participar en los concursos por oposición es de 45 años. Esto, porque las casas de altos estudios (se supone) requieren de catedráticos con altos niveles de madurez y largos años experiencias en el ejercicio profesional, además de la preparación académica, para poder enseñar y formar a otros profesionales.
“Fui a esa universidad (una privada) a investigar los requisitos para ingresar como profesor, pues tengo 35 años de ejercicio y dos maestrías, pero casi me caigo para atrás al ver que en la ficha para aplicar dice que no la llene si tengo más de 48 años”, dice Felipe Rodríguez, abogado.
Propicia el desempleo y la informalidad laboral
La práctica de negar el acceso al trabajo a las personas por su edad contribuye al incremento del desempleo en el país, que de acuerdo a los últimos datos del Banco Central ronda el 15% de la población económicamente activa. Igualmente, también contribuye a incrementar la informalidad laboral, tanto a nivel del comercio como de la mano de obra. La situación apunta a agravarse si se parte de que de acuerdo con la Oficina Nacional de Planificación, las proyecciones hacia el año 2025 indican que el grupo de personas con más de 45 y 60 años presenta un incremento poblacional constante. Se espera que para 2025 este incremento alcance el 12.89% de la población total. La falta de oportunidades laborales contribuye enormemente a agudizar lo que en sicología se conoce como la crisis de la mediana edad, que afecta en el estado de ánimo a las personas más o menos estables.
Garantía
Al negarse a nombrar a personas que pasen de 50 años, el Estado deja de ser garante del derecho al trabajo de todas las personas”
Al negarse a nombrar a personas que pasen de 50 años, el Estado deja de ser garante del derecho al trabajo de todas las personas”
Crisis mediana edad
La falta de empleo agudiza lo que en sicología se conoce como la crisis de la mediana edad, que afecta a quienes pasan de los 40 años”
La falta de empleo agudiza lo que en sicología se conoce como la crisis de la mediana edad, que afecta a quienes pasan de los 40 años”
Desempleo
La negación del acceso al empleo por la edad contribuye a incrementar el desempleo y la informalidad laboral en el país.
La negación del acceso al empleo por la edad contribuye a incrementar el desempleo y la informalidad laboral en el país.
